La Liga Nacional contra el Cáncer Infantil (Linceci) era una organización que presuntamente estafó un total de cinco millones de euros haciéndose pasar por una asociación que luchaba contra el cáncer de los más pequeños en el tercer mundo. Linceci tenía bien atada su estafa, ya que disponía de una página web, casi 50 trabajadores y contactos a nivel internacional con otras ONG. La supuesta corporación ofrecía una serie de productos solidarios con los que recaudaban dinero para, hipotéticamente, colaborar en investigaciones sobre el cáncer infantil.
Las sospechas se iniciaron cuando la Asociación de Padres de Niños Oncológicos de Aragón (Aspanoa), alertó a la fiscalía de las irregularidades y actividades sospechosas que Linceci transmitía. Carlos Larroy, director de comunicación de Aspanoa, explica que investigaron al presidente de Linceci, directivos y gerentes, descubriendo que todos ellos estaban vinculados a empresas de telemarketing, cuyo objetivo era captar fondos.
Este dato chocó a Aspanoa debido a que «el presidente de una asociación sin ánimo de lucro y sus colaboradores tuvieran empresas a sus nombres destinadas a un call center, donde muchos empleados llamaban a la gente para recaudar fondos sonaba raro, estuvieran o no asociadas a Linceci”.
Aspanoa contactó también con aquellas entidades con las que supuestamente Linceci había colaborado donando capital, como un hospital de Perú o un equipo de investigación de la Universidad de Cádiz. El hospital nunca dio señales de vida, y el equipo de investigación universitario, según Aspanoa, lo negó. Toda esta información fue llevada a la Fiscalía el 12 de julio de 2018 para determinar si Linceci estaba actuando de manera correcta o no. Desde Aspanoa se interpuso una denuncia que, tres días después, fue ampliada.
El 1 de junio de 2019, la Policía Nacional informó de que, tras esta investigación, se detuvieron a cinco personas, de las cuales entraron dos en prisión. A estos cinco individuos se les imputaron delitos de estafa y organización criminal. El caso sigue abierto investigando todo el entramado que Linceci originó. Para Aspanoa, tendría que existir un mayor control estatal y una mayor transparencia. Larroy asegura que ya existen medidas pero que estas generalizan a todo tipo de asociaciones, con poco o gran capital, y esto puede ser insuficiente. “La ley de asociaciones está diseñada a nivel estatal para favorecer la creación de asociaciones, por lo que esto puede suponer que exista una facilidad mayor a la hora de cumplir los requisitos necesarios”, manifiesta Larroy.
Aspanoa destaca que, para prevenir fraudes, una de las medidas que se debe llevar a cabo es que «la sociedad debe sospechar de las familias o personas que particularmente estén pidiendo dinero. Lo normal es que estas personas estén vinculadas con una entidad social que los abale. Si no es así, cualquiera a través de las redes sociales puede pedir dinero por tener alguna enfermedad y ser falso”.