Jesús Ángel Lamuela, presidente de la Junta Central de Usuarios del Río Jalón, cree que “se están buscando excusas medioambientales para paralizar las obras por motivos que en realidad son económicos”, y añade: “Los motivos por los que paralizan las obras son menos importantes que la seguridad de la vida de las personas y de los enseres que están aguas abajo del embalse de Mularroya. La gente no se cree que esto se detenga porque puedan tener problemas las nutrias en un túnel que está aún sin hacer”.
“Llegado el momento se tomarán las medidas oportunas para que no haya ningún problema pero, ¿hay nutrias en el Jalón? Yo creo que no. Respecto a otras especies catalogadas, como la Centaurea pinnata, debo decir que llevan dos años buscándola y todavía no la han encontrado. En resumen, una de estas especies ha desaparecido, la otra no la encontramos, nutrias no sabemos si hay y, en cuanto a los murciélagos, no creo que les pase nada porque se vayan a una cueva más alta”, expone.
Lamuela justifica la legalidad del proyecto alegando que, “cuando se presentó, el entorno no estaba catalogado como Zona de Especial Protección para Aves (ZEPA)”. “En cualquier momento se puede crear una nueva figura y, entonces, el lío está servido. Hubiésemos entendido que nos hubiesen hecho explicar el proyecto de nuevo, desarrollar la DIA con una mayor profundidad o paralizarlo todo. Lo que no se puede hacer es dejar que la obra continúe y luego poner siempre problemas”, asegura.
El presidente de la Junta Central de Usuarios del Río Jalón piensa que “no construir el embalse sería como trasladarse al medievo” y que, por este motivo, “los trabajos deben reanudarse cuanto antes para “no quitarle a la gente la esperanza de verlo más cerca”. Además, sostiene que “aunque se debe mantener el medio ambiente, el ser humano está por encima de todo”. César Pérez, alcalde de Chodes, comparte esta opinión. Pérez afirma que “los motivos por los que se han paralizado las obras son insuficientes”, recuerda que “su construcción permitirá almacenar una gran cantidad de agua que beneficiará a los pueblos del Jalón Bajo” y espera que el embalse “ayude a que se establezcan nuevas industrias en la zona”.
Las Cortes de Aragón, el Ejecutivo autonómico y la Diputación Provincial de Zaragoza también aprueban la reanudación de las obras. Roberto Bermúdez de Castro, consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, confía en que “los técnicos que hagan la modificación del proyecto lo adapten a las prescripciones técnicas necesarias”. “Se pretende adaptarlo a las exigencias ambientales del territorio y ahorrar mucha agua”, alega. Bermúdez de Castro dice ser consciente de que en el transcurso de las obras “habrá muchos perjudicados, pero también muchos beneficiados” y espera “que el ingeniero de la CHE que firme el proyecto se asegure de que todo esté en orden”.
El 18 de abril, el pleno de las Cortes de Aragón instó al Gobierno autonómico a dirigirse al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y a la CHE para que, una vez cumplida la sentencia del Supremo, se pudiesen reanudar las obras “a la mayor brevedad posible”. PP, PSOE y PAR votaron a favor de esta solicitud, presentada por el PP y enmendada por el PSOE; CHA e IU decidieron abstenerse.
El diputado del PP, José Manuel Cruz, destacaba en declaraciones a Heraldo de Aragón que el objetivo de esta obra es “solventar la insuficiencia de recursos hídricos en la cuenca del Jalón” y “mejorar la garantía de suministro en 20.000 hectáreas e incrementar 5.000 nuevas, así como el abastecimiento a la población, la industria y los servicios de la zona, beneficiando a cuatro comarcas de Zaragoza, que suman una población de 100.000 habitantes”. Por su parte, Javier Sada, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento autonómico, reconoce ser partidario de los embalses “siempre y cuando se hagan con absoluta legalidad”. “He entendido siempre a aquellos ciudadanos que han visto los embalses como un riesgo para su supervivencia, pero hay que hacerlos porque garantizan también una posibilidad de desarrollo económico en muchas zonas, sobre todo, del medio rural. Lo que no se puede es hacer un embalse con un costo directo para los vecinos”, asevera.
Igualmente, el pleno de la Diputación Provincial de Zaragoza aprobó una moción presentada por el grupo socialista, esta vez por unanimidad, con la que quiso dar muestra de “su apoyo a la continuación de las obras de la presa de Mularroya, una pieza clave en el sistema de regadíos contemplado en el Pacto del Agua”, recogía El Periódico de Aragón el pasado 9 de mayo. Dos meses antes, este medio se hizo eco de la petición que los alcaldes y consejeros de la comarca del Valdejalón trasladaron al Ministerio de Medio Ambiente.
“Hemos acordado solicitar a los organismos pertinentes que las deficiencias en materia de impacto ambiental se subsanen con la mayor rapidez posible”, indicó José María Abad, José María Abad, presidente de la comarca del Valdejalón. En este encuentro, Abad reiteró que el embalse “ha generado grandes expectativas entre los agricultores de la zona” y, en este sentido, manifestó: “Existe una gran inquietud en todas las poblaciones concernidas, como ya quedó de manifiesto en la reunión de la junta de portavoces del ente comarcal que se celebró en cuanto se tuvo noticia de que se iban a parar los trabajos”.
Ecologistas y expertos critican los daños ambientales producidos por las obras
Coagret considera que el Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Sima del Árbol en Peña María (Ricla) ha sido uno de los más castigados por las obras del embalse. “Estuvo a punto de ser destruido por las máquinas de las empresas concesionarias, pero el apercibimiento de los Agentes de Protección de la Naturaleza pudo impedirlo”, aseguran. Desde la asociación se afirma que “en los últimos cinco años han sido incesantes las voladuras y trabajos con maquinaria pesada en las inmediaciones de este lugar”. Este hecho, dicen, “ha alterado la fauna de la zona” y ponen como ejemplo a las colonias de murciélagos, que “han dejado de hibernar a causa de las molestias”.
Los daños, advierten, “han sido especialmente intensos en la margen derecha del río Grío, donde los trabajos para el asentamiento del estribo derecho de la presa y construcción del aliviadero han supuesto la destrucción de la mayor parte de los escarpes de roca caliza”. Allí anidaban especies como el buitre, el alimoche, el águila real, el halcón peregrino y el cernícalo vulgar. Además, en la margen izquierda observan “grandes montones de acopios de tierra y rocas, superficies hormigonadas y zanjas”. “El relieve ha sido totalmente modificado y han desaparecido comunidades vegetales de plantas termófilas y de escarpes calizos”, agregan.
La coordinadora señala que “en 2012 se gastaron, de cara a la galería, bastantes euros en maquillaje a base de vallas y carteles divulgativos” y critica los intereses de quienes piden que se reanuden las obras. “En Ricla hay solicitado un desarrollo urbanístico con más de mil chalets y cerca de este municipio se pretende crear una urbanización de lujo con campo de golf incluido”, alega.
Marcos Aurell, catedrático de estratigrafía de la Universidad de Zaragoza, avisa que, a raíz de un estudio encargado por la CHE en 2004, descubrieron que el proyecto presenta “un gran problema” desde el punto de vista geológico “relacionado con la permeabilidad del terreno”, ya que “una parte de la obra está asentada sobre unas piedras calizas del jurásico”. “Las pruebas de permeabilidad realizadas desde la Confederación dieron negativo, dejando de ser un impedimento para la construcción y puesta en marcha del embalse. Eso nos dejó un poco perplejos porque el dato geológico básico no engaña. Ellos con solamente dos sondeos, una prueba bastante simple, dieron por solucionado el problema”, confiesa Aurell. El catedrático considera que Mularroya “es una obra absolutamente desproporcionada” por sus condicionantes geológicos, económicos y ambientales e insta a abandonarla. “El destrozo es ya enorme en todos los sentidos y el impacto visual es tremendo”, opina.
Francisco Bernal, presidente de la Plataforma Jalón Vivo, explica que “el embalse dejará sin agua a ocho pueblos”, y añade: “Los agricultores deberán pagar el canon igualmente”. Bernal señala que, desde el punto de vista económico, “esta obra es una auténtica barbaridad” y cuestiona la capacidad del embalse, notablemente superior a la de otros como el de La Tranquera. “Tenemos el agua que tenemos, no se puede sacar de donde no hay. Hacer más pantanos significará tener más pantanos vacíos. Hay que hacer un uso racional de los recursos hídricos que tenemos y modernizar los regadíos del valle del Jalón. No me vale que pongan como excusa a las industrias porque hay estudios de la propia CHE que demuestran que prácticamente no gastan agua”, sostiene. Asimismo, critica que se ha optado “por el tipo de construcción más barato” y señala que el pantano “será un auténtico coladero en el que habrá constantes fugas de agua”.
El presidente de Jalón Vivo insiste en que “los grandes beneficiados de todo esto son las empresas constructoras y los grandes especuladores del agua”. “El agua va a ser el petróleo del siglo XXI. Aquel que posea reservas va a tener una enorme riqueza. No será de propiedad pública, sino privada y, para los agricultores, esto será su ruina. Cualquier pequeño o mediano agricultor que tenga que pagar más de 300 euros por regar cada año se arruinará”, vaticina. Esta plataforma fue una de las primeras en oponerse al proyecto. Los miembros de Jalón Vivo presentaron sus alegaciones en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón en el momento en que, según su presidente, “el Gobierno de Aragón redujo la zona ZEPA”. El TSJA dictó sentencia a su favor y, posteriormente, utilizaron este dictamen para recurrir ante la Audiencia Nacional. Llegaron incluso a ir pueblo por pueblo “alertando los vecinos de la zona sobre la peligrosidad de esta infraestructura”.
Los Ayuntamientos de Morata de Jalón y Sabiñán también se negaron a aceptar este proyecto e interpusieron un contencioso administrativo en 2003. Rosa Aznar, alcaldesa de Morata en esa fecha, asegura que esta medida se había acordado con todos los alcaldes de los municipios afectados, pero finalmente “retrocedieron cuando los diversos grupos políticos de la DPZ tuvieron conocimiento de ello”. “Yo no comenté la idea con nadie de mi partido, Chunta Aragonesista, pues considero que mi deber fundamental era atender a las necesidades de la zona y, de este modo, me embarqué en esta batalla judicial sin el apoyo del grupo político”, advierte.
Aznar se sintió respaldada, no obstante, por los vecinos de Morata, aunque reconoce que, con el tiempo y las cantidades de dinero que se ofrecieron a los propietarios de los terrenos de lo que ahora es el vaso de Mularroya, comenzó a notar una desafección hacia este tema por el desconocimiento de lo que supondría el proyecto para ellos. Cabe señalar que Morata de Jalón, La Almunia, Chodes, Ricla, Tobed, Codos y Santa Cruz de Grio recibieron, además, un total de 1,6 millones de euros en compensación por las obras del embalse. Esta aportación, acordada por la DPZ y el Ministerio de Medio Ambiente, fue utilizada “para la construcción de un pabellón municipal en Chodes, la adecuación de un edificio municipal para Centro Cívico en Morata, el encauzamiento del río Guaimil en Codos y la restauración de la Iglesia de San Blas en Santa Cruz de Grio”, apuntaba Aragón Digital en 2009.
El consistorio municipal de Morata de Jalón llegó a encargar en 2003 un informe a un grupo de hidrogeólogos de la Universidad de Zaragoza con el que pretendían “buscar alternativas que evitasen la construcción del embalse y atender las necesidades de suministro de agua en el medio y bajo Jalón”, recogía El Periódico de Aragón.
La exalcaldesa culpa a los políticos de que este proyecto haya ido tan lejos. En este sentido, asevera: “En Aragón tenemos unos gobernantes muy cortoplazistas, sin fundamento de fondo, ni disposición al debate y que, encima, incumplen las leyes que ellos mismos dictan. Con el embalse de Mularroya se ha empleado la propaganda política hasta crear unas expectativas que no se corresponden con la realidad”. En cuanto a la postura de CHA, partido al que pertenecía mientras ejerció como edil en Morata de Jalón, admite que la única razón que ve para que esta formación rechace Yesa y al mismo tiempo esté a favor del embalse de Mularroya “es la captación de votos en La Almunia, una zona muy importante estratégicamente para ellos”.
Rosa Aznar critica que el planteamiento de este proyecto parta de la ambición de que Mularroya sea la zona que más crecimiento económico registre en Aragón, por delante incluso de Zaragoza capital, lo que considera “un contrasentido”. La exalcaldesa de Morata opina que con este proyecto ocurriría lo mismo que con el pantano de Lechago, en la provincia de Teruel. Allí, “los agricultores del Jiloca ya no pagan por ese agua y, para colmo, los usuarios del Jalón se han ofrecido a hacerlo por ellos”.
“No entiendo para qué necesitamos tanta agua”, duda Aznar. Vaticina, además, que “las grandes empresas del agua cultivarán regadío, que es más rentable, y se enriquecerán con unas reservas hídricas financiadas por todos los ciudadanos”. Ella desconfía de que en esta ocasión se incurra de nuevo en errores pasados y teme que, a pesar de la sentencia del Tribunal Supremo, se prosiga con las obras sin una “adecuación real de las necesidades y requisitos para acometerlas”, que deberán quedar recogidos en la nueva DIA, así como en el anteproyecto y el proyecto que elaborará la CHE, un órgano político cuyos informes, según la exalcaldesa de Morata, “se configuran según quien los pague”.
Javier Traín, agricultor de Ricla, miembro de Asociación La Sabina y de la Sociedad Española de Ornitología (SEO), recuerda que esta agrupación ya denunció en 2002 el deterioro del impacto ambiental que suponía esta infraestructura debido a que “el proyecto iba a destruir un parque natural de gran importancia tanto por su flora como por su fauna”. Un año después, La Sabina envió una carta al presidente de la comarca de Valdejalón, por entonces Jesús Isla, y a todos los consejeros comarcales. En ella les trasladaron una serie de preguntas con las que pretendían conocer cómo iba a afectar a pueblos y agricultores la construcción de este pantano. Querían datos concretos pero, diez años después, todavía no han recibido contestación.
“Mularroya beneficia a unos y perjudica a otros. Desde Embid hasta Ricla, todos los acuíferos que hay se van a ver perjudicados. Se respetará un ‘caudal ecológico’ pero no se dispondrá del agua suficiente como para llenarlos”, señala Traín. Este agricultor cree que la capacidad del embalse supera las necesidades reales de la zona. Asegura que se precisan 48 hectómetros cúbicos y no 110. Además, expone que “los regadíos que se encuentren a una altitud superior a los 440 metros no se verán beneficiados por esta obra”, de modo que el agua podría no llegar a pueblos como Cariñena o Alfamén, así como a parte del monte de Ricla.
En 2003, Ecologistas en Acción se pronunció en contra de este embalse a través de un comunicado. En él, exponían: “Se trata de un embalse de gran impacto social sobre un territorio que intenta crear líneas de desarrollo sobre sus enormes valores ambientales, siendo los tramos fluviales uno de los principales alicientes. Tramos fluviales que se ven amenazados por estas obras hidráulicas no justificadas desde criterios racionales de eficiencia en el uso de la agua y de conservación de la naturaleza que supondrían un importante retroceso para el desarrollo de este territorio”.
Seis años después, esta asociación, junto a SEO Birdlife, Grupo Triacanthos, Coagret y la Plataforma Jalón Vivo, trasladó sus quejas a la Comisión Europea. Con ellas trataron de informar de que se estaba construyendo el embalse en una zona ZEPA sin autorización ambiental y, en marzo de 2013, estas agrupaciones volvieron a presentar sus quejas ante Europa por el incumplimiento del Gobierno español de la normativa europea de hábitats y protección de aves en el embalse.
La última década ha estado marcada por las constantes movilizaciones de estos colectivos sociales contra el pantano de Mularroya. En 2010, Heraldo de Aragón se hacía eco de una concentración frente a la sede de la Confederación Hidrográfica del Ebro en Zaragoza. Allí, cerca de un centenar de personas protestaron contra “proyectos como el recrecimiento de Yesa, Biscarrués o Mularroya en el Día Internacional de Acción contra las Represas y por los Ríos, el Agua y la Vida”. También se han organizado marchas reivindicativas y conciertos “por un Jalón vivo, contra el embalse de Mularroya”. Este tipo de actos han continuado desarrollándose tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo. El pasado mes de abril, decenas de personas mostraron su rechazo al proyecto “plantando varias carrascas como símbolo de regeneración del monte destruido por las obras ilegales”, se explicaba desde la agencia de noticias Arainfo. Este portal recogía las declaraciones de Valentín Cazaña, presidente de Coagret, quien aseguraba: “La CHE sigue dilapidando dinero público en una obra que los tribunales han declarado ilegal. No es posible que los gestores públicos insistan en malgastar el dinero de todos sabiendo que la obra no llegará a ningún sitio”.
Alternativas al embalse
El objetivo principal de esta infraestructura es evitar que el río Jalón esté regulado únicamente por los pantanos de La Tranquera, Maidevera y Monteagudo de las Vicarías, situación que “puede llegar a comprometer la viabilidad de los cultivos, en años particularmente secos, frenando la economía de la zona”, recoge el informe de viabilidad del proyecto de 2007. En él se añade que a raíz de su puesta en marcha “se mejorarán los caudales del río Grío aguas abajo de la presa y se incrementarán las garantías de abastecimiento”. Sin embargo, tanto detractores como expertos han propuesto diversas alternativas al embalse de Mularroya considerando dichos objetivos. Todas ellas comparten un denominador común: un menor coste económico y un impacto ambiental, social y visual limitado.
El geólogo Marcos Aurell defiende que la opción más plausible hubiera consistido en realizar “un pequeño azud a cota inferior que el emplazamiento del pantano” con el fin de “evitar la zona permeable” y hacer que “la inversión fuera notablemente menor”. Otra opción “viable”, defiende este catedrático, habría sido la de construir “un embalse menos intrusivo, con un salto de agua de unos 20 metros”, a diferencia de los 91,5 metros de altura de la presa que está planteada en el proyecto, “e igual de eficaz para el riego en los momentos de necesidad”. El botánico Alfredo Martínez argumenta que los objetivos planteados por la CHE podrían cumplirse en la margen izquierda mediante la construcción de pozos de auxilio, una medida que en su momento hubiese costado 60.000 euros frente a los 154.741.909 previstos para la ejecución del embalse; es decir, 2.500 veces menos que el presupuesto actual del pantano de Mularroya.
Informa: V. Crespo / A. Escobar / S. Lacasa / J. Lisbona
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