Supongamos que nos encontramos en un país extranjero cuya lengua oficial desconocemos y que, por un motivo u otro, nos vemos involucrados en un proceso judicial. ¿Cómo podríamos ejercer nuestro derecho a entender y ser entendidos en dicho contexto? ¿Cómo podría garantizarse una comunicación fluida entre los testigos, víctimas o demandados alófonos y los profesionales autóctonos?
En el contexto europeo, nos veríamos amparados por la Directiva 2010/64/UE relativa al derecho a la traducción y la interpretación en los procesos penales, que todos los países firmantes deberán implementar antes de octubre de 2013. Entre otras disposiciones, la Directiva promueve la creación de un registro nacional de traductores e intérpretes debidamente cualificados, cuestión que en nuestro país, al menos hasta el momento, se haya lejos de la realidad.
Y como muestra de esta inadecuación, podemos citar el caso de los tribunales aragoneses. En este escenario, por orden del Consejero de Presidencia y Justicia, se adjudicó el pasado mes de agosto la subcontratación del servicio de traducción e interpretación a la empresa privada Atlas Servicios Empresariales S.A.
Por una parte, la externalización de este tipo de servicios puede entrañar ciertos riesgos, principalmente por la ausencia de un control de calidad. Por otra, cabe señalar que con esta adjudicación se ha impuesto una reducción de aproximadamente el 30% de las tarifas aplicadas a los encargos de traducción e interpretación, que no solo afectará a las ganancias de la empresa adjudicataria, sino también a los traductores e intérpretes que para ella trabajan. A modo de ejemplo, las tarifas que se aplicarán a la interpretación disminuirán hasta alcanzar menos de 30 euros por hora, a dividir claramente entre la empresa y el intérprete.
Ya se han hecho eco de esta deplorable situación profesionales del sector como Fernando Gascón Nasarre, abogado, intérprete juradoy vicepresidente de la APTIJ (Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales y Jurados), y Graham Rhodes, presidente y vocal de Relaciones Externas de la ASATI (Asociación Aragonesa de Traductores e Intérpretes), con sendas cartas enviadas al periódico El Heraldo de Aragón el pasado mes de septiembre.
Compartimos su opinión sobre el hecho de que la reducción tarifaria supondrá indudablemente una precarización de esta profesión y conllevará un más que probable desempeño de las labores de traducción e interpretación en los tribunales por parte de personal cuya cualificación y profesionalidad no será fácil de garantizar. Porque, ¿qué intérprete debidamente formado y con experiencia probada estará dispuesto a trabajar por una cifra tan irrisoria?
Solo el tiempo nos dirá si este recorte presupuestario, uno más entre los muchos que se están aplicando, afectará a la calidad de los servicios de traducción e interpretación en nuestros tribunales.
* Almudena Nevado Llopis es licenciada en Traducción e Interpretación y doctoranda del programa Traducción, Sociedad y Comunicación, en ambos casos en la Universidad Jaume I de Castellón. Vicedecana y docente del Grado en Traducción y Comunicación Intercultural de la Universidad San Jorge. Miembro de la Red COMUNICA, Observatorio Permanente sobre Traducción e Interpretación en los Servicios Públicos, y del Grupo de investigación SOCUCO (Sociedad, Cultura y Comunicación) de la Universidad San Jorge.
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