El pasado cinco de febrero, el Ejecutivo autonómico aprobó el Proyecto de Ley de Autoridad de Profesionales del Sistema Sanitario y de Servicios Sociales Públicos de Aragón. Este texto pretende reforzar la protección de los profesionales del sistema público con el objetivo de que trabajen en un ambiente de respeto, confianza y seguridad. Y es que en los últimos años ha aumentado el número de agresiones físicas y verbales hacia este sector. Médicos, enfermeros, psicólogos, veterinarios, farmacéuticos y celadores, entre otros, podrán beneficiarse de esta medida, que les otorgará un mayor respaldo jurídico frente a las agresiones así como la presunción de veracidad en sus informes y declaraciones. Es decir, si hay conflicto prevalecerá su palabra frente a la del paciente.
Urgencias y atención primaria son los servicios que acumulan un mayor número de denuncias. Los profesionales coinciden en que las agresiones y las amenazas son frecuentes en el día a día de los hospitales. “En consultas suele ser verbal, pero en urgencias ha habido veces en las que han tenido que intervenir las fuerzas de seguridad”, afirma María Jesús Gracia, auxiliar de enfermería en el Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa». En este sentido, Emmanuel Echániz, enfermero del 061 y vicedecano del grado de Enfermería en la facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad San Jorge, sostiene que este tipo de comportamientos se dan, sobre todo, “cuando el paciente cree que el sanitario no ha hecho todo lo que estaba en su mano”.
“Si una persona considera que no se le ha atendido como es debido puede poner una reclamación en ‘Atención al paciente’. Entonces, el sanitario da su versión y, normalmente, la queja pasa a manos del jefe de servicio y de ‘Atención al paciente’, que hacen dos escritos en los que se defiende al trabajador, aunque no siempre del modo más oportuno, ya que también se le suele dar parte de la razón al paciente”, explica la auxiliar de enfermería. Por ello, opina: “Esta medida hará que los profesionales se sientan más protegidos y reconocidos”. Del mismo modo, Echániz asevera: “Hasta ahora había una situación bastante clara de indefensión. Tener una ley que nos protege es algo que la profesión agradece”.
“Esta ley no va a modificar sustancialmente nuestro trabajo, pero va a aportar una mayor seguridad a la hora de realizarlo”, asegura el vicedecano. A ello, añade: “Al trabajar de cara al público descubres que hay personas con muy buena educación y otras que demuestran todo lo contrario. Hay personas que, debido a las circunstancias que están viviendo, reaccionan utilizando la violencia. Las agresiones, físicas o verbales, son más habituales de lo que parece”. Por su parte, María Jesús Gracia explica: “Hay pacientes que demandan una gran cantidad de pruebas, pero es el médico el que sabe las que tiene que hacer. Este tipo de casos suelen acabar en discusión y, hasta ahora, el profesional no tenía una base legal en la que ampararse para refrendar su punto de vista, de modo que la disputa terminaba en tablas o dándole la razón al paciente”.
Tras conocerse esta noticia, algunas personas han manifestado su oposición al respecto. Quienes critican esta medida alegan que dar semejante poder al personal sanitario podría convertirlos en ‘policías’. Sin embargo, Echániz y Gracia afirman que la ley no vulneran los derechos de los ciudadanos y recuerdan que el personal sanitario toma las decisiones que cree convenientes en función de su conocimiento y competencia. “Siempre buscan lo mejor para el paciente teniendo en cuenta su seguridad y su estado de salud”, asegura el enfermero.
Por lo general, los profesionales del sector público sanitario dan su visto bueno a esta medida. No obstante, para que todo ello se convierta en una realidad, la ley deberá ser aprobada por las Cortes de Aragón.
Informa: Jorge Lisbona
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