El presidente de la Unión de Consumidores de España (UCE) y de la Unión de Consumidores de Aragón (UCA), José Ángel Oliván, ha abogado por recuperar la sobería sobre el consumo, lo que debería llevar a que los ciudadanos puedan intervenir en el modo en el que se establecen los sistemas de consumo. Oliván, que ha dado una charla a los alumnos de Periodismo Económico de la Facultad de Comunicación, puso como ejemplo la complejidad del sistema eléctrico, que se ha diseñado entre la Administración pública y las empresas suministradoras, sin ningún tipo de intervención de quienes lo pagan. «Los que ponemos el dinero no hemos opinado sobre cómo se paga, ni cómo se gestiona esto, ni tenemos posibilidad real de elegir; se nos trata como súbditos en lugar de como ciudadanos», indicó.
Oliván explicó que la traducción al mundo de la economía del término ciudadano es el de conusmidor. También indicó que los españoles han perdido la soberanía en este terreno dado que no hay proporción en la representatividad frente a las empresas, por mucho que la legislación les reconoce el derecho a que se defiendan sus derechos y a participar. «Las asociaciones de consumidores somo la forma reconocida para canalizar todo esto, pero a pesar del tiempo que llevamos trabajando, a día de hoy estamos muy lejos de poder hacer efectiva esta capacidad que nos otorga la legislación», afirmó.
El presidente de la UCE explicó que la Administración también ha creado un sistema público, con el Instituto Nacional de Consumo como mayor referente y con las competencias transferidas a las comunidades autónomas. Además, indicó que existe una red de oficinas municipales, que se está reduciendo mucho por la falta de recursos derivado de la aplicación de la reforma de la Ley de Bases del Régimen Local que ha entrado en vigor este año. El sistema público, añadió, está pensado desde la información al consumidor y con una serie de posibles sanciones que nunca redundan en beneficio de los consumidores. «La Administración no está de parte de los consumidores porque sus intereses son muy complejos», señaló.
En cuanto a las posibilidades de los consumidores de actuar judicialmente contra las empresas que les han perjudicado, destacó que el sistema judicial español es muy caro y no ofrece una compensación completa de los daños, sino una mera compensación (frente a las indemnizaciones punitivas de otros sistemas judiciales). «Si no se trata de un tema gravísimo, los costes son tan altos que hacen inviables las reclamaciones por esta vía», dijo.
El también presidente de la UCA ofreció numerosas explicaciones sobre el sistema arbitral de consumo,que indicó que ha quedado saturado por las reclamaciones de las compañías de telefonía. Además, repasó distintos casos relaciondos con eléctricas, compañías de vuelo, alimentación o telefnía, y ofreció a los alumnos un estudio que su organización ha realizado recientemente sobre el sistema de depuración de aguas residuales en el ámbito aragonés y otro sobre el acuerdo de un gran número de autoescuelas en Zaragoza para unificar precios, cuestiones sobre las que se planteó una práctica.
Comentar