Más de 200 vecinos, comerciantes, artistas y otros colectivos ciudadanos han puesto en marcha en los últimos tres meses una plataforma ConTemple.es para impulsar la regeneración del barrio zaragozano, El Temple. Sin embargo, este colectivo ciudadano denuncia tener más de una traba derivada de la concentración de bares nocturnos de la zona y el escaso apoyo de las autoridades competentes.
Esta asociación busca la reconversión del sector con nuevos vecinos jóvenes y activos, ayudar a los propietarios de locales y emprendedores con un programa público-privado de fomento empresarial, alcanzar un equilibrio entre la actividad ciudadana, la empresarial y el turismo y mejorar los edificios municipales de gran valor histórico artístico como el Palacio Fuenclara. En definitiva, aprovechar las ventajas y oportunidades que estén a su alcance, como la nueva comunicación del tranvía o la multitud de locales vacíos, para hacer de esta zona un innovador barrio conceptual. “Que el arte, la creatividad y el comercio singular inunden nuestras calles para que los viandantes de Calle Alfonso pueden pararse a mirar”, señala Delia Maza, portavoz de la asociación de vecinos.
Destacan la importancia histórica del barrio y denuncian el abandono y desidia que el Gobierno local ha permitido al no incluirles en los análisis y actuaciones del Plan Integral del Casco Histórico que han actuado en otros barrios similares como la Madalena o las Armas. “Parece poco razonable que una pieza urbana que alberga museos, galerías de arte, anticuarios, comercios singulares, palacios, talleres y estudios de artistas, edificios icónicos, hoteles o despachos profesionales esté tan degradada por su mono actividad económica dirigida hacia la hostelería de saturación”, recogen en el manifiesto publicado en su página web.
Además, este colectivo se muestra reticente al traslado del lugar de trabajo de multitud de funcionarios al Seminario o la mudanza de Justicia al recinto de Ranillas. Según sus cálculos, van a dejar de pasar por esas calles 15.000 personas que daban vida diurna al barrio e ingresos a los establecimientos comerciales u hosteleros que les pillaban de paso.
Pero si algo preocupa a la asociación del Temple es, según ellos, la gran concentración de bares de noche que sufren sus calles, perturban el día a día de los vecinos e impiden el desarrollo de otras actividades comerciales y culturales. “Hoy estamos condenados a ser el sector urbanístico especializado en ocio nocturno ilegal”, recriminan los vecinos.
Esta agrupación vecinal no pretende cerrar todos los bares sino descongestionar poco a poco las zonas saturadas y clausurar los establecimientos que incumplen las normativas acústicas, medio ambientales, de licencias y/o no pasan las inspecciones técnicas de los locales. “Hemos intentado hablar una y otra vez con los dueños o gerentes de los bares para intentar convivir en paz todos pero ha sido imposible. Queremos encontrar algo más que basura y perdición un domingo a las 10 de la mañana”, reprocha la portavoz.
Vómitos, orines, restos de basura, señales giradas, mobiliario urbano destrozado, abarrotamientos de personas, música que supera los decibelios permitidos o las constantes peleas son algunos de los prejuicios que los vecinos de esta calle dicen sufrir de forma constante en los últimos años y que provocan la huida de los vecinos a otros sectores.
Además, la asociación, asegura que la totalidad de estos bares también infringe la última ley del año 2005 que obliga a que en la puerta de todo recinto aparezca una placa con el grupo al que pertenece, y el aforo y nivel de ruido permitido.
“No ofertan ocio respetable incluso para los propios consumidores. Muchos de los bares no cuentan con las salidas de emergencia pertinentes e incluso algunos, al encontrarse en edificios abandonados no pasan la inspección técnica. Este verano en la Calle Contamina número 3 se cayó el techo a las 6:30 de la mañana. Gracias a Dios no había nadie y no hubo que lamentar muertes pero ¿qué habría pasado si el local hubiese estado lleno?”, destaca Delia Maza.
Acusan al Ayuntamiento de Zaragoza de una gran incapacidad voluntaria que, según ellos, no ha resuelto ni una sola problemática ciudadana en los últimos 30 años derivada de estas actividades. “El Ayuntamiento de Zaragoza viola sistemáticamente, de manera consciente y generalizada todo lo relativo al ruido y a la contaminación acústica”. También denuncian el mantenimiento de licencias de apertura o funcionamiento que incumplen sus condiciones de forma reiterada y afectan así, al derecho al descanso de los ciudadanos.
Dirigen sus quejas a la institución encargada de iniciar los expedientes sancionadores, la Policía Local; de tramitarlos, al Servicio de Disciplina Urbanística y de resolverlos, al Consejo de Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza. “Somos ciudadanos maltratados por una administración voluntaria y manifiestamente ineficaz”, claman.
Esta asociación apolítica, laica e independiente fundada por y para los vecinos ha colocado un punto de recogida de firmas en la plaza San Felipe donde cada día se aglutinan más autógrafos de vecinos desesperados. “Muchos se han ido y si nosotros no lo hemos hecho es porque creemos realmente en este barrio y queremos hacer de él un lugar donde el arte y el comercio puedan convivir en paz pero hay momentos de absoluta desesperación. Solo algunos románticos nos quedamos”, reconoce Delia Maza.
“La Policía solo viene cuando le llamamos y, a veces, ni eso. En mi casa se han llegado a presentar sin el aparato de medir el ruido con la excusa de que solo hay cuatro disponibles en toda la ciudad y esa noche había muchas denuncias. Además, los porteros de los locales se limitan a bajar la música momentáneamente con la llegada de las autoridades y avisarse los unos a los otros pero, en cuanto la Policía se va, el ruido vuelve a subir. Y si la Policía, finalmente, actúa, en vez de medir la fuente de emisión como se hace en otras ciudades y recoge la licencia de apertura, miden los decibelios en la fuente de recepción, la vivienda”, añade otra vecina.
Por su parte, fuentes municipales aseguran que el Ayuntamiento lleva años trabajando tanto con los propietarios de los discobares como con todas las asociaciones de vecinos para conseguir una conciliación con los colectivos afectados y mientras unos puedan trabajar y otros disfrutar del ocio nocturno, los vecinos no vean afectado su descanso.
El Ayuntamiento se muestra orgulloso de haber mejorado de forma notable el conflicto y haber aplicado una normativa determinante cuyo cumplimiento ha sido vigilado aunque reconoce que ciertos titulares hacen caso omiso a la reglamentación. Según su portavoz: “El Ayuntamiento no viola ni vulnera nada, denuncia y sanciona a estos locales”.
La asociación del Temple en su página web afirma que por cada 10 llamadas de los vecinos a la Policía Local, se hace una denuncia que se remite al Servicio de Disciplina Urbanística. Cada 10 denuncias iniciadas por la policía, se abre un expediente sancionador de falta leve con 601 euros. Tras compilarse tres expedientes (30 denuncias, 300 llamadas a la policía), se propone un expediente sancionador, la clausura y cierre por un mes al establecimiento. Pero si el local cambia la licencia de titular, no paga la multa y continúa abierto con una sanción calificada de leve. Los vecinos destacan impotentes: “¿Cómo se puede considerar como leve, un paquete de 10 denuncias de la Policía Local por incumplimiento del horario de cierre y/o superar el nivel de decibelios permitido?”.
Los vecinos aseguran que, tras todo este procedimiento y seis meses de denuncias casi diarias, solo han conseguido cerrar algún recinto durante un mes y un día. En su página web, plasman una lista de los bares con sus respectivas denuncias almacenadas y, según ellos, recopiladas y sacadas de los archivos municipales del Consejo de Gerencia. Según estos documentos, El Burlón cuenta con más de 140 denuncias sancionadas, El Superclub y La Room 90 cada uno y así casi 20 locales más de la calle El Temple y Contamina.
El Ayuntamiento destaca que la sanción, en un primer momento, de 601 euros se incrementa en caso de reincidencia
y el local es clausurado durante diferentes periodos de tiempo. Reconoce que el proceso administrativo tiene que cumplir una serie de plazos necesarios para respetar las garantías jurídicas de las partes implicadas.
La Asociación de Empresarios de Cafés y Bares apunta que en ocasiones se confunde el ruido que los clientes generan en la calle con el del propio bar y que lo ocurrido fuera de los establecimientos no es competencia de los hosteleros. Jorge Benués, gerente de la Asociación, asegura que los locales están insonorizados y que le consta que son objeto de todo tipo de control por los responsables municipales. Por último, Benués señala que la instalación de estos bares está limitada desde la implantación de la primera Ordenanza de Distancias Mínimas en julio de 1990 y que en los últimos años, a causa del paro juvenil y crisis económica, este sector ha visto reducidas las ventas más de un 30% por lo que las posibles molestias han disminuido notablemente.
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