La Ley Orgánica que modifica la LOE (LOMLOE), más conocida como Ley Celaá, ha provocado mucha crispación en los ámbitos de la enseñanza por las medidas que introduce para favorecer y apoyar el crecimiento de la escuela pública frente a la concertada y la privada. La realidad que nos encontramos es que la Ley Celaá ha sido aprobada tanto por el Congreso como por el Senado de una forma fugaz y con la pretensión de pasar inadvertida, sin embargo, ya son muchos los expertos en la enseñanza que se han proclamado en defensa y en contra de las reformas que trae, así como miles de familias que han protestado en distintas manifestaciones multitudinarias. La situación del sistema educativo en España es complicada, porque esta será la octava ley de educación que se aprueba desde el periodo de la Transición. En poco más de 40 años, España ha cambiado hasta ocho veces de ley educativa, lo que se traduce en una ley cada 5 años, mientras que en otros países suele estar vigente por más de 10 años.
Los objetivos que tiene marcados la LOMLOE son cuatro: modernizar el sistema educativo, recuperar la equidad y la inclusión, mejorar los resultados y estabilizar el sistema e incorporarlo como pilar básico de las políticas de conocimiento. Entonces, ¿Qué puntos de la Ley Celaá son tan polémicos? ¿Por qué supone un retroceso para los centros concertados y privados? ¿Qué significará para el futuro del país?
El castellano como lengua vehicular
El punto más importante y llamativo que introduce la Ley Celaá es que el castellano deja de figurar como lengua vehicular y como lengua oficial del Estado. Manuel Del Olivo, secretario académico del Colegio Montearagón, afirma que «esta medida es una consecuencia de las competencias de educación que ya poseen las Comunidades Autónomas, porque, en algunos casos, ya favorecen a las lenguas propias frente al castellano».
Cerca del 12% de estudiantes españoles repitieron curso en ESO en 2016
Si bien es importante garantizar el adecuado estudio de las lenguas cooficiales en las Comunidades Autónomas que lo requieren (Cataluña, País Vasco, Galicia, Comunidad Valenciana), no podemos elegir la vía de truncar la enseñanza primordial del castellano. De acuerdo con José B. (la fuente ha preferido mantenerse en el anonimato), director de una escuela concertada, «no podemos dejar de lado el castellano, nuestra lengua en común, porque no es normal que en algunas zonas casi no lo sepan ni hablar».
El principal problema que supone esta reforma a nivel educativo lo plantea Manuel Del Olivo: «¿Qué pasará con aquellos alumnos que se tengan que trasladar a Cataluña o País Vasco a estudiar por cualquier motivo? Se les va a exigir estar a la altura de sus compañeros de clase en cuanto al idioma y será complicado porque no han estudiado esa lengua en los cursos previos».
Libertad de educación
En un reciente comunicado del grupo parlamentario Unidas Podemos, contestando a cuestiones que han suscitado preocupación en la ciudadanía, respondieron a la afirmación de que la Ley Celaá supone un ataque a la libertad de elección educativa, apelando que la escuela pública debe ser el “eje vertebral” del sistema educativo porque en España solo el 67% del alumnado está escolarizado en la red pública, frente a la superioridad de otros países de la Unión Europea.
Para poner en contexto, por mediación de la LOMLOE, las administraciones podrán seleccionar a qué centros acuden los alumnos para ir ocupando plazas en las escuelas públicas, o lo que es lo mismo, el Estado tendrá mayor poder de elección en la escolarización que los propios padres. «Cuando a ti, como padre, te limitan la elección de un colegio y es la administración la que los coloca en los colegios hasta llenarlos, no se está primando la libertad de elección en la educación», asegura Ruth Bravo, madre de dos hijos que estudian en una escuela concertada.
Francisco A., que lleva siendo profesor 19 años en una escuela concertada, es otra persona que ha compartido su opinión sobre algunos aspectos de esta ley. Sin embargo, al igual que José, tampoco ha querido que su nombre sea publicado, lo que refleja la complicada situación en la que se encuentran muchos profesionales de la educación en relación con poder dar su opinión públicamente. Francisco considera que «si los padres son responsables de las acciones de los hijos en cuestiones legales, también deben tener la responsabilidad de formarlos según sus criterios.
El declive de la meritocracia
Al principio hemos visto que uno de los objetivos de la nueva ley educativa es mejorar los resultados académicos, y esto es algo que debemos tener muy en cuenta porque, según un estudio del Education and Training Monitor 2018, la tasa de repetición en ESO es muy alta: el 12.3% de estudiantes repiten en el primer curso; el 10.7% en el segundo curso; el 11% en el tercer curso; y el 9.5% en el cuarto curso. Además, en otro estudio realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en 2016 (OCDE), cerca del 12% de estudiantes españoles repetían curso en la educación secundaria, muy lejos de la media de la OCDE que se encontraba ligeramente por encima del 2%.
Estos datos reflejan que hay que buscar una solución para igualarnos al resto de países de la OCDE. Por ello, la medida instaurada por la Ley Celaá es la de promocionar a los alumnos aun cuando tienen hasta dos asignaturas suspendidas y solamente podrán repetir curso en dos ocasiones por ciclo escolar.
La opinión general es negativa en este aspecto, Ruth Bravo considera que «no valorar el mérito, el esfuerzo y la capacitación de los estudiantes es muy triste, porque estamos igualando la sociedad por abajo y no al revés». Por su parte, José asegura que repetir curso no es algo malo: «El propósito de hacer repetir a un alumno es ayudarle, es una oportunidad para alcanzar unos objetivos trabajados y no logrados».
Por otro lado, también debemos pensar en la motivación de los propios alumnos, y Francisco cree que «con que un alumno llegue a 4º de ESO con 18 años ya es suficiente, aunque no es una solución adecuada lo que denominamos promoción por imperativo legal». Los alumnos que repiten curso de forma habitual terminan siendo un problema en cuanto a integración y rendimiento académico, pero esta no es la mejor solución.
Manuel Del Olivo: «La Ley Celaá tiene una carga ideológica muy fuerte»
Manuel Del Olivo también da un punto muy importante: «esta ley tiene como objetivo acabar con el fracaso escolar o, mejor dicho, acabar con el término “fracaso escolar”». Esta puntualización es esencial, porque el término fracaso escolar, que tanto se ha repetido en los ámbitos educativos en los últimos años, seguirá existiendo mientras no tomemos soluciones realmente eficaces, soluciones que pasan por acabar con el problema de raíz y no dejando pasar de curso a los estudiantes que no han cumplido con los objetivos que se les han pedido.
La situación de la enseñanza concertada
Seguro que todos hemos oído la afirmación de que la enseñanza pública le cuesta al Estado más dinero que la enseñanza concertada, pero en la que se obvia que el 80% de los inmigrantes acuden a centros públicos y que en las zonas rurales con menor número de estudiantes, cuesta más dinero mantener abiertas las escuelas.
No obstante, la pretensión de la LOMLOE de impedir que las escuelas concertadas puedan recibir financiación privada (por parte de las familias), deja en mala situación a este tipo de enseñanza. «Que no se pueda aportar financiación a la escuela concertada terminará perjudicándola de forma considerable, perderán una importante fuente de ingresos», comenta Ruth Bravo. Además, según Francisco, «aunque la concertada sale bastante más barata que la estatal (pública), se le están poniendo problemas para que se financie y ya está muy justa de recursos».
‘No’ a la educación especial
El cierre de los centros de educación especial es otro de los propósitos que cumplirá la Ley Celaá, con la idea de traspasar estos alumnos a centros ordinarios. Estamos hablando de cerrar hasta 477 centros de educación especial y de cambiar de centro a más de 35.000 alumnos con discapacidad. Y, aunque muchas organizaciones de personas con discapacidad ya han reclamado con anterioridad esta medida, se olvida lo que supondrá en cuanto niveles de inclusión para estos alumnos, así como del profesorado especializado que se encargaba de su enseñanza.
La situación del sistema educativo en España es complicada. Esta será la octava ley de educación en 40 años de democracia
Francisco cuenta alguna de sus experiencias tratando con alumnos que tenían alguna discapacidad mientras trabajaba en un centro de educación secundaria: «Tuve un alumno con síndrome Down que agredía a las chicas en 1º de ESO. Se solicitó ayuda a la Consejería, pero llegó muy tarde y de forma escasa. En otra ocasión, me tocó atender a alumnos ciegos. Algunos profesores aprendieron braille, pero yo no fui capaz. Y enseñar matemáticas en esas condiciones fue realmente complicado. Considero esencial la existencia de centros de educación especial».
El futuro de la educación
Hay muchas otras medidas que nos va a traer la LOMLOE y que se encuentran recogidas en el Boletín Oficial del Estado, la supresión de medidas segregadoras entre las redes pública y concertada; la asignatura de Religión dejará de ser curricular y será voluntaria y fuera del horario escolar; así como el objetivo de fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.
Tras la aprobación de esta ley veremos cómo evoluciona la educación en España. «La escuela concertada es necesaria, nosotros hemos estado donde la escuela pública no ha alcanzado en cuanto a número de plazas. Deberíamos ir de la mano todo tipo de enseñanzas, poniendo cada uno de nuestra parte, y donde nuestra principal preocupación sea la educación y la igualdad de oportunidades», alega José.
Como protesta frente a las medidas de la Ley Celaá, ha surgido la plataforma Más Plurales, un conjunto de organizaciones contrarias a la reforma de la Ley Orgánica de Educación y que ha convocado numerosas movilizaciones por todo el país para protestar contra lo que consideran es una ley injusta y contraria a las necesidades educativas que requiere España.
«Creo que esta ley tiene una carga ideológica muy fuerte y en la que se quiere facilitar que no haya sensación de fracaso escolar. Lo óptimo sería que la reforma educativa hubiera tenido un consenso de todas las fuerzas políticas y hubiese sido elaborada por personas que trabajan en la educación. Deberíamos adoptar un modelo común y estable para todos los tipos de enseñanza, porque si no se escucha a la escuela privada y a la concertada, la reforma estará abocada al fracaso», sintetiza Manuel Del Olivo sobre el cómputo general de la reforma educativa.
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