PSOE y Podemos han llegado a un acuerdo por el cual el próximo curso escolar se cerrarían varias aulas concertadas en la Comunidad Autónoma de Aragón, pertenecientes a primero de Infantil. El número de niños afectados serían 620 por curso. Un gran número de personas han recogido firmas (cerca de 30.000 en la plataforma change.org) a favor de este tipo de educación, mientras que otros aplauden la propuesta. ¿Qué opinan afectados y expertos? En este reportaje se recogen algunos testimonios.
Miguel G. Pobes
La pasada semana se cerró un acuerdo entre el PSOE y Podemos para la reducción de varias aulas de carácter concertado. Esta condición la había impuesto la formación morada a los socialistas para llevar a cabo la aprobación de los presupuestos autonómicos. La medida ha suscitado polémica. Padres y profesores de la escuela privada, concertada y pública han expresado su conformidad o su desacuerdo ante la decisión del Gobierno de Aragón.
Mayte Pérez, consejera de Educación, sostiene que confía en que los colegios concertados comprendan la medida, ya que se trata de una adaptación a las “necesidades de escolarización”. El concierto con los colegios se renovará el próximo mes.
¿Qué significado tiene el hecho de cerrar las aulas concertadas? El Gobierno Autonómico dejará de subvencionar a esos centros educativos, lo que impedirá su apertura, afectando a niños y padres de familia aragonesas. El dinero que dejará de invertir en este tipo de enseñanza sería de unos cinco millones de euros, según el sindicato CGT. Desde Podemos han afirmado que este dinero va a ser utilizado para “subvencionar a las cuidadoras no profesionales, sufragando hasta el 60% de la Seguridad Social”.
“Estamos asistiendo a un ataque frontal contra la libertad de enseñanza y de elección de centro, más propia de regímenes autoritarios”.
Luis Carbonel, ex presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa), sostiene que “hace mucho tiempo que la ideología de algunos partidos políticos está contaminando la educación española al pretender que la escuela sea un lugar de adoctrinamiento y difusión de sus ideas”. Lo cierto es que España ocupa el puesto número 29 en calidad de educación, según el último informe PISA, publicado en diciembre de 2016.
Carbonel sostiene que la medida adoptada por el Gobierno de Aragón no solo afectará la calidad de la educación en nuestra Comunidad Autónoma, sino también valores de la sociedad occidental como “la libertad y el pluralismo”, que, a su juicio, son principios democráticos esenciales para mejorar la educación y toda la sociedad. Además, añade que “se han acentuado las trabas a los centros de titularidad religiosa católica. En primer lugar, asfixiando económicamente a estos centros y, por otro lado, aprobando leyes que promueven la ingeniería social que pretenden estos partidos.” Por último, explica que “estamos asistiendo a un ataque frontal contra la libertad de enseñanza y de elección de centro, más propia de regímenes autoritarios de otras épocas que de una sociedad democrática”.
La Federación Cristiana de Asociaciones de Padres de Alumnos de Aragón (Fecaparagón) y la Patronal de los Colegios Católicos de la Región (Escuelas Católicas) acusan al Gobierno Autonómico de ir en contra de la enseñanza concertada. Estas asociaciones consideran que el cierre de las aulas concertadas va a ir incrementando con el paso de los años. El número de alumnos por curso afectados por esta medida sería de 620, afirman.
Manuel del Olivo, coordinador de Comunicación del Colegio Montearagón, donde ha sido profesor muchos años, opina que «las medidas no son acertadas. La escuela concertada surgió como una necesidad de escolaridad a causa de que la escuela pública no podía atender toda la demanda de educación”. Además, cree que la medida es “totalmente política”. No la considera necesaria porque “pueden convivir ambos, es más, se ahorraría dinero. El gobierno solo tendría que dar una cantidad para el concierto y, si se hace público, el gasto de trabajadores es mucho mayor”. Además, del Olivo considera que “se trata de respetar la libertad de elección de los padres”.
Fuentes de Escuelas Católicas han expuesto el estado de este debate a día de hoy. “Aún no se sabe el número de aulas que se van a cerrar (se sabrá el 15 de abril), pero se puede decir que es una cuestión ideológica”. Lo cierto es que nunca se han renovado aulas vacías, por lo que las aulas que se cerrarían ahora serían demandadas.
“Lo que pasa es que hay aulas públicas que no tienen demanda y, en consecuencia, cierran la concertada, que sí tiene. Lo que van a hacer es llenar aulas públicas con gente que demanda concertada”, afirman. Ello causa gran preocupación en las familias aragonesas afectadas. Y no es solo por el curso en el que han cerrado el aula, sino porque la medida, si se pone en marcha en primero de infantil, impacta en los trece cursos que esos niños tienen que estudiar hasta llegar a bachiller (los niños van pasando de curso y no habría aulas para ellos).
«Se han acentuado las trabas a los centros de titularidad religiosa católica asfixiándoles económicamente y aprobando leyes que promueven la ingeniería social que pretenden estos partidos».
Las mismas fuentes de Escuelas Católicas aportan las cifras de ese impacto negativo: “La escuela concertada acoge al 30% de los alumnos totales que existen en Aragón; sin embargo, se les destina tan solo el 18% del presupuesto educativo, mientras que la pública contribuye el 82% restante. Claramente, la escuela concertada es más barata para el Estado”, por lo que, económicamente, es más rentable.
Con respecto al tema de las acusaciones de “no tener alumnos con necesidad de una educación especial”, Escuelas Católicas ha recogido datos que demuestran lo contrario: “El colegio Santo Domingo de Silos, perteneciente al barrio de las Fuentes, acoge a un total de 350 alumnos inmigrantes, mientras que los Franciscanos han llegado a tener en su centro niños de 24 nacionalidades y siete religiones diferentes. Es doloroso ver como se hacen acusaciones falsas”, expresan. Según ese colectivo, no hay base legal para llevar a cabo estos cierres, porque el derecho de elección de enseñanza está amparado por la Constitución Española.
Escuelas Católicas agrega que los datos que aporta CGT, el sindicato más volcado en el cierre de aulas, tiene muchos matices. “Sus datos están mal usados. Ellos saben que no son ciertos. Están sacados de un período en el que los colegios concertados no tenían la obligación de publicar sus datos, por lo que su información es parcial”. Añade que tampoco es cierto lo que se dio a entender por parte de Zaragoza en Común cuando se dijo que “se han perdido 2.000 puestos de trabajo en la escuela pública”, porque no se han ido a la calle 2.000 trabajadores de esos centros educativos.
«No hay base legal para llevar a cabo estos cierres, porque el derecho de elección de enseñanza está amparado por la Contitución Española».
Conchita Bofill, madre de tres hijos que han estudiado en Marianistas, recalca que «son los padres quienes deben elegir qué tipo de educación quieren para sus hijos. Con el cierre de las aulas se consigue todo lo contrario. Hay gente de la escuela concertada que va a la pública al no tener plaza, y con esta medida se favorece este hecho. La elección de una educación por un ideario para mis hijos no significa estar en contra de la educación pública”.
En la recámara queda la historia de las monjas del Colegio Infantil Virgen de Guadalupe. Después de cuatro años en los que el Gobierno Autonómico les insistía para firmar un concierto, el propio gobierno les ha retirado el convenio.
A pesar de que, como se ha indicado, el número de aulas que se prevé cerrar ronda las 28, es cierto que la cifra definitiva se sabrá más adelante. Ahora, a expensas de lo que pueda suceder, solo hay una realidad evidente: la polémica medida ha causado gran desconcierto y preocupación a decenas de familias aragonesas que apuestan por una educación de calidad para sus hijos.
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