El Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Aragón, Javier Sada, espera que, tras la redacción del nuevo reglamento del Parlamento autonómico, el número de firmas requeridas para que el Legislativo aragonés tome en consideración una Iniciativa Popular (ILP) se reduzca de las 15.000 actuales hasta las 5.000 o las 10.000. También defiende la necesidad de dar más facilidades y dotar de medios suficientes a quienes deseen presentar este tipo de propuestas con el fin de agilizar los mecanismos de participación ciudadana.
Sada confirma que el primer borrador del nuevo reglamento autonómico “da un paso adelante” respecto a la normativa vigente y asegura que “se seguirá trabajando en ello hasta su tramitación final”. No obstante, defiende la necesidad de abrir nuevos cauces de participación directa. “En las dos últimas legislaturas nos han llegado tan solo tres ILP, pero estoy convencido de que, tras modificar los requisitos, veremos muchas más en los próximos años. Los ciudadanos deben empezar a ver que sus decisiones no solo están presentes una vez cada cuatro años”, afirma.
A nivel nacional, la Constitución Española cifra en 500.000 el mínimo de firmas necesarias para trasladar una ILP a la Mesa del Congreso de los Diputados. El derecho a que los ciudadanos puedan presentar proposiciones de ley queda recogido en el artículo 87.3 de la Carta Magna donde, además, se expone que dichas iniciativas no podrán legislar en “materias propias de la ley orgánica, tributarias o de carácter nacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia”.
Más de una decena de Iniciativas Legislativas Populares han pasado el filtro de la Mesa del Congreso desde 1978 pero, por el momento, solo una de ellas ha conseguido inspirar un texto legal. Fue en 1998 con una ILP sobre la «reclamación de deudas comunitarias» en las comunidades de propietarios. El pasado 12 de febrero, la Cámara Baja decidió tomar en consideración una ILP sobre las leyes hipotecarias que consiguió el aval de 1.402.854 firmas. Inicialmente, el Partido Popular anunció que votaría en contra de esta propuesta. Sin embargo, la presión social y el suicidio de un matrimonio de jubilados mallorquines tras recibir una notificación en la que se les comunicaba que iban a ser desahuciados por impago motivaron un cambio en su parecer.
Javier Sada admite que, en ciertas ocasiones, “la clase política minusvalora la capacidad de decisión de la gente”. Pese a ello, dice ser partidario de “proponer consultas populares sobre temas fundamentales a la ciudadanía”. “Este sistema ya se puso en marcha en otras Comunidades Autónomas como Andalucía y la realidad es que funciona bien”, explica. Asimismo, plantea la posibilidad de programar audiencias legislativas para que, durante la tramitación de una ley, los colectivos implicados puedan expresar su opinión ante el Parlamento autonómico.
“Los ciudadanos deben saber dónde y a quién plantear un problema cuando lo tengan”, sostiene el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Aragón. Del mismo modo, reconoce que “la transparencia en el desarrollo de la vida política sigue siendo la gran asignatura pendiente de las formaciones”. Por ello, advierte: “O nos abrimos hacia un modelo participación directa o los partidos irán perdiendo su sentido y la democracia quedará en manos de los lobbies como sucede en otros países”.
Informa: Jorge Lisbona
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